CLÍNICA JURÍDICA UNSCH

Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga-UNSCH/Ayacucho

Definición

La Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) se define como una organización jurídico académica, que busca consolidarse y ser reconocida por su aporte al fortalecimiento de la sociedad civil ayacuchana y al desarrollo del Estado Constitucional de Derecho, mediante el estudio crítico del derecho en acción.


Misión

La principal misión de la Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público UNSCH, en tanto organización académica estudiantil, es la investigación, análisis, difusión y patrocinio de casos de interés público, gestando así un espacio deliberativo, a partir de las diversas posiciones que existen en la sociedad ayacuchana, en aras de propiciar un mejor aprendizaje de derecho, haciendo de este un instrumento de cambio social.

 

Objetivos

Dentro de sus objetivos generales tenemos: propiciar el acercamiento del Derecho a la sociedad, así como fortalecer la sociedad civil y afirmar la Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público UNSCH como un espacio de cambio y justicia.


Entre sus objetivos específicos contamos los siguientes:

<!–[if !supportLists]–> w <!–[endif]–>Promover el Derecho a través de la investigación.

<!–[if !supportLists]–>w <!–[endif]–>Manejar casos de Interés Público para así mejorar el aprendizaje del Derecho y llenar los vacíos existentes en el estudio práctico del mismo.

<!–[if !supportLists]–>w <!–[endif]–>Realizar Talleres y Foros para los integrantes de la Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público UNSCH, buscando formar abogados con una nueva visión, a partir de una perspectiva crítica, del derecho.

<!–[if !supportLists]–>w <!–[endif]–>Realizar eventos académicos dirigidos a determinados sectores de la población, y así lograr el reconocimiento de la Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público UNSCH..

<!–[if !supportLists]–>w <!–[endif]–>Emitir boletines físicos y/o virtuales, dando a conocer los logros y actividades desarrollados por la Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público UNSCH, el boletín podrá contener artículos académicos.

9 comments so far

  1. […] a las 6pm, tendré la ultima reunión con los chicos de la Clínica Juridica de Acciones de Interés Público de la UNSCH. Considero que mi visita ha sido productiva y hemos logrado sacar cosas en concreto, definir tareas, […]

  2. CRIS on

    PARA NO OLVIDAR: CASO PUTIS EN AYACUCHO
    El departamento de Ayacucho es uno de los tres lugares más pobres del país y el más afectado por la violencia política que padeció Perú en los años de 1980 a 2000.
    A principios de los años 80, la acción subversiva recrudeció en las alturas del distrito de Santillana (Ayacucho-Huanta), con la activa presencia de senderistas en varias comunidades. Los campesinos eran acosados constantemente por el grupo armado, obligándolos a apoyar su lucha. En ese contexto, Sendero Luminoso obligó a los comuneros de la zona a abandonar sus viviendas y refugiarse en alturas para evitar el contacto con las fuerzas del orden. Al conocer la acción senderista, en noviembre de 1984 se instaló una base militar en Putis, con la finalidad de realizar operativos de ubicación y captura de los sediciosos. Como parte de su estrategia, los militares convocaron a la población, que se había replegado en las alturas, a regresar a Putis a cambio de protección y seguridad, y estarían al márgen del conflicto entre las tropas y el grupo armado Sendero Luminoso. No teniendo otra salida, los campesinos de las comunidades de Putis, Cayramayo, Rumichaca, Rodio, Pampahuasi, Vizcatán Pata, Sayhuallamniyocc y Sinhuamachayniyocc aceptaron la propuesta, sin saber lo que pasaría. Una vez en el campamento, los comuneros fueron reunidos por los militares y obligados a abrir un enorme hueco en el suelo con la finalidad de hacer una “piscigranja” que supuestamente serviría a la comunidad, pero en el fondo lo que hicieron fue cavar su propia fosa. Luego, sin más razones fueron asesinados por simples sospechas sobre la posibilidad de que fueran colaboradores de Sendereo Luminoso, siendo acribillados por los agentes del orden.
    ¿QUIÉNES FUERON LOS RESPONSABLES DIRECTOS?
    De acuerdo con los relatos de sobrevivientes de la zona se sabe que los oficiales que dirigieron el operativo responden a los apelativos de “capitán Baretta”, “comandante “Óscar” y “teniente Lalo”. El jefe político-militar de la zona de Ayacucho era por entonces el general Wilfredo Mori Orzo.

    ¿Y QUIENES FUERON TODAS ESTAS PERSONAS?
    Pues simplemente, Campesinos pertenecientes a las comunidades de Putis, Cayramayo, Rumichaca, Rodio, Pampahuasi, Vizcatán Pata, Sayhuallamniyocc y Sinhuamachayniyocc.
    Esta fosa ubicada en la localidad de Putis tiene 11 metros de largo y cinco de ancho, en ella estarían enterrados un aproximado de 123 cadáveres tanto de mujeres, varones, adolescentes y niños.
    A fin de poder determinar la identificación de los restos óseos de todos estos comuneros, el EPAF ha instalado un laboratorio muy rudimentario en la zona, ya que es necesario la devolución a sus familiares para la sepultura de todos estos campesinos. Los expertos estiman que las exhumaciones y el reconocimiento de los restos culminarían la primera semana de junio.
    Sabiendo quién es el responsable de todo esto, nos ponemos a preguntar si el Estado apoyará en los gastos necesarios para el entierro de todas estos campesinos?
    ¿PERO POR QUÉ ESPERAR 24 AÑOS?
    Putis es una zona muy pobre al igual que muchos lugares de la sierra del Perú, y como tal la intervención del Estado en el desarrollo y progreso es muy escaso, y más cuando se trata de asumir responsabilidades en temas de Derechos Humanos. Para poder conseguir justicia y reparación, los deudos al igual que en muchos casos, debían acreditar primero la muerte de sus seres queridos conforme a las normas dispuestas por el Gobierno. Y la demora no es porque se desconocían dónde se encontraban los cuerpos de todos estos comuneros.
    Frente a este hecho, ¿Quien escuchaba los reclamos y pedidos de los pobladores quechuahablantes de la zona de Putis, y de otras zonas?. Pero también cabe preguntarnos ¿Por qué el Instituto de Medicina Legal de Ayacucho no inició “antes” estas exhumaciones? ¿Por qué todavía esperamos al Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) para que realicen estas excavaciones de las fosas, si ya se tenía conocimiento de ellas en la zona? ¿Acaso no importaba el recuerdo y el derecho que tenían los familiares de estos campesinos muertos, por parte de las autoridades Ayacuchanas?
    ¿CUÁNDO COMENZÓ LA EXHUMACIÓN?

    Fosa gigantesca. La aparición de los restos confirmó la denuncia de que en Putis el Ejército cometió una matanza.

    Labores. Durante la excavación se hallaron restos de adultos, jóvenes y niños.

    El sábado 17 de mayo del 2008 se inició con la exhumación de la fosa común mas grande del Perú que se haya encontrado hasta el momento, realizado por peritos del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), encabezados por el fiscal de la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos de Ayacucho, Rubén López, y acompañados por representantes de la Asociación Paz y Esperanza. Los expertos hallaron restos óseos correspondientes a 25 personas, entre mujeres, varones, adolescentes y niños; así como el descubrimiento de 15 casquillos de bala que demostrarían que los comuneros fueron ejecutados como parte de la estrategia contrasubversiva aplicada por las Fuerzas Armadas en Ayacucho.
    ¿Y QUE DICE EL MINISTERIO DE DEFENSA Y EL GOBIERNO?
    El director adjunto de Paz y Esperanza, Germán Vargas, denunció falta de ayuda oficial para aclarar el episodio. “La CVR solicitó en su momento información al Ministerio de Defensa. Sin embargo, no se proporcionó, con el argumento que siempre se usa en estos casos: que no hay información porque se trató de una base itinerante. Desde nuestro punto de vista hay intención de encubrir responsabilidades criminales que venían del ejército”, dijo Vargas.
    ¿Que dice el Ejército Peruano respecto a esta fosa en Putis? ¿Y Qué dirá respecto a las otras cinco fosas en la zona y un total de 14 en zonas aledañas?, acaso ha autocriticado esta situación, o simplemente está convencido de que simplemente hubo excesos por parte de los militares en dicha zona? ¿Están realmente dispuestos a brindar todas las facilidades para que se pueda aclarar esta matanza comunal, como señaló el general del Ejército Peruano- Edwin Donaire?
    ¿QUE CULPA TIENE LOS NIÑOS QUE HAN SIDO BALEADOS DURANTE LA GUERRA EN EL PERÚ?
    Se tiene conocimiento por los antropólogos forenses que están trabajando caso Putis, que en estas fosas hay una gran cantidad de menores de edad que fueron asesinados con armas de fuego, en esta matanza colectiva, el 13 de diciembre de 1984.
    Así tenemos la versión, conforme a un medio de comunicación escrita de Marina Quispe quien sí recuerda que los militares “nos buscaban y por eso nos escapábamos al monte en las noches”. “Mi hija Rita vino a Putis y la mataron. Era mi única hija. Luego se llevaron los animales y nos quedamos sin casa, sin nada. Mi esposo fue muerto después por la guerrilla. De mi casa lo sacaron los subversivos a las cinco de la tarde y lo mataron en el campo”.
    Actualmente se trabajan en un pueblo fantasma, pues en Putis ya no vive nadie. Hay una iglesia derruida, casas inhabitables -una de ellas habilitada para el trabajo de los forenses- pero la gente ya se marchó de ahí.
    Me parece muy interesante este artículo que a continuación señalo, ya que demuestra la situación de muchas zonas que han sufrido la violencia política que vivió el Perú:
    PERÚ: Guerra borró hasta el nombre de los muertos
    Por Ángel Páez, enviado especial

    SAN JOSÉ DE SECCE, Perú, nov (IPS) – La identidad de las personas también fue blanco de la lucha armada peruana. En el lugar donde estalló el conflicto hoy quedan recuerdos, fosas con huesos desconocidos o alguna fotografía de muertos y desaparecidos por los maoístas, el ejército o los paramilitares entre 1980 y 2000.
    Esos rastros no alcanzan para acreditar el nacimiento de alguien o para probar su muerte violenta y el derecho de sus familiares a la reparación prevista por la ley. Es como si las víctimas nunca hubieran existido.
    El gobierno de Alan García instaló en octubre el Consejo de Reparaciones encargado de construir la lista de víctimas y sobrevivientes del conflicto con derecho a recibir indemnizaciones, una medida recomendada por el informe de 2003 de la independiente Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que estudió las causas y consecuencias de dos décadas de violencia política.
    La guerra acabó oficialmente seis años atrás. Pero en el distrito de Santillana, parte de la provincia de Huanta en la sureña región de Ayacucho, donde el maoísta Sendero Luminoso inició su insurrección, la gente todavía vive en estado de angustia.
    Santillana estuvo a punto de desaparecer del mapa por los ataques de la guerrilla y la represión del ejército y las paramilitares autodefensas. Los que sobrevivieron temen que el Estado los margine del Plan Integral de Reparaciones, un programa de retribución e indemnización para quienes sufren las consecuencias del conflicto.
    Las comunidades andinas de Santillana tampoco han mejorado sus condiciones de vida. Siguen tan pobres y excluidas como en 1980, cuando Sendero comenzó la guerra.
    La CVR calculó que los actores armados asesinaron y desaparecieron a 10.661 personas en Ayacucho, 47 por ciento de todas las víctimas civiles de un conflicto en el que murieron 69.280 personas si se consideran también las bajas de guerrilleros, militares y autodefensas, según las cuentas de la comisión.
    De las más de 10.000 víctimas civiles de Ayacucho, una mayoría de 22 por ciento vivían en Huanta de la que es parte Santillana, un archipiélago de comunidades indígenas situadas entre los 3.000 y los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Sólo en este distrito la CVR estimó que los actores armados mataron a más de 1.000 pobladores.
    A cualquiera que se pregunte en San José de Secce, capital de Santillana, tiene un familiar muerto en el conflicto. Pero el registrador civil local, César Méndez, uno de los pocos funcionarios estatales en este lugar, explica que en sus archivos sólo están consignados dos certificados de defunción durante la guerra interna.
    La guerrilla no sólo tenía como blanco a las autoridades locales sino cualquier vestigio de la presencia del Estado: la municipalidad, la prefectura y el registro civil.
    Los registradores eran asesinados o se fugaban de sus aldeas, y centenares de libros de actas de nacimientos y defunciones fueron quemados por los senderistas.
    “Por miedo, por falta de recursos o por desconocimiento los pobladores no registraron la muerte de sus familiares”, explicó Méndez. “Si no se ha registrado el fallecimiento de esas personas, es como si nunca hubieran existido. Es como no tener partida de nacimiento: no hay registro de haber venido al mundo”.
    Para evitar que los libros acabaran en las llamas, el registrador de Santillana los escondió por años bajo tierra. Terminado el conflicto, buena parte de ellos habían sido devorados por la humedad.
    “Hemos comenzado a reconstruir los libros, pero es un trabajo de muy largo aliento”, explica Méndez. “Hay mucha gente que no tiene partida de nacimiento y tampoco certificado de defunción. Sus familiares vienen con sus fotografías, pero eso no es suficiente para acreditar que una persona existió. Eso es lo que dice la ley”.
    Obtener esos documentos implica un trámite arduo aquí.
    La población campesina, que sólo habla quechua y tiene poca o ninguna instrucción escolar, es obligada a realizar trámites en español. Los pobladores del medio centenar de aisladas comunidades de Santillana, como Putis o Marcaraccay, deben viajar hasta la capital del distrito para solicitar los documentos, y no pueden costear el viaje y la estadía.
    “El registrador de Aranhuay, una comunidad en la que Sendero y el ejército cometieron atrocidades contra la población, sólo hace trabajo voluntario. No tiene sueldo. Además, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil lo capacitó en español cuando él es quechuahablante, como la mayoría”, explica a IPS Raquel Reynoso, de la no gubernamental Asociación SER.
    La Asociación coordinó en Santillana un programa de reconstrucción de registros civiles afectados por la guerra con financiación de la organización internacional Oxfam.
    De los 193 libros de registros que existían en Ayacucho durante el periodo de violencia, la mitad ha resultado total o completamente dañado, dice Reynoso. En San José de Secce y Aranhuay, donde ella trabajó en la recuperación de documentos, encontró 867 partidas de nacimiento parcial o totalmente destruidas.
    “Hemos proyectado el número de pobladores afectados por la destrucción de los registros civiles en Ayacucho y la cifra alcanza a 45.000, lo que implica un desafío para el proceso de reparación de las víctimas”, afirma.
    Por eso la angustia de la guerra se prolonga en tiempos de aparente paz.
    Gerardo Fernández, vecino de la comunidad de Putis, casi barrida por insurgentes y militares, ha comenzado a registrar por su cuenta en unos cuadernos los nombres de las víctimas. Su lista llega hasta ahora a 380 personas, entre muertos y desaparecidos. “Todavía me falta recoger muchos más casos. ¿Cómo se les va a reparar a esa gente si en ninguna parte están registradas sus muertes?”, se pregunta este hombre enjuto y cetrino. “Los senderistas mataban a las autoridades y después a los que según ellos colaboraban con los militares y las autodefensas. Y si no encontraban a los que tenían en su lista, en venganza mataban a sus familiares, niños o adultos”, relata Fernández. “Después venían los del ejército con una lista negra y mataban a los que supuestamente eran senderistas o colaboraban con ellos”.
    Fernández mismo es un sobreviviente. El ejército secuestró a su madre, Catalina Mendoza Quispe, de 42 años, y a su hijo, Raúl Fernández Ccente, de sólo tres años. Nunca aparecieron.
    “Fue el 19 de abril de 1985. Los responsables son el capitán ‘Bareta’ y el teniente ‘Lalo'”, afirma. El ejército se niega a informar qué oficiales se ocultaban bajo esos alias.
    En 2001, Fernández informó a los gobernantes de Ayacucho del hallazgo de tres fosas comunes con restos de pobladores asesinados por los militares. Pero nada ocurrió. En octubre encontró dos fosas más en Putis, pero las autoridades le han dicho que no cuentan con recursos para hacer la exhumación. “No entendemos cómo se pretende reparar o indemnizar si ni siquiera se han investigado las tumbas clandestinas. Nos piden certificado de defunción, pero allí están los huesos para que verifiquen”, dice con honda tristeza.
    Los restos corresponden a 117 pobladores de nueve comunidades que en diciembre de 1984 escapaban del acoso de los senderistas y fueron conducidos por el ejército hasta Putis. Allí los militares les hicieron excavar zanjas para construir viviendas. Pero lo que cavaron eran tumbas: los campesinos fueron fusilados bajo cargo de pertenecer a Sendero.
    “Nadie ha sacado partidas de defunción. En Putis mataron a familias completas: a los Condona Quispe, a los Centeno Chávez, a los Gamboa Ccente, a los Madueño Curoi, a los Condoray Huallasco. ¿Quién va a reclamar por ellos si todos están muertos?”, se pregunta Fernández.
    La socióloga Sofía Macher, ex integrante de la CVR y presidenta del flamante Consejo de Reparaciones, reconoce a IPS que la falta de certificados de defunción hará difícil la tarea de retribuir a las víctimas. Pero se excusa de dar mayor información porque el organismo se encuentra evaluando qué hacer al respecto.
    Fernández sigue viajando como una sombra, con gruesos libros bajo el brazo, por las comunidades de Putis, en busca de más nombres de víctimas.
    Y quizás encuentre otra fosa clandestina con muertos de una guerra que oficialmente terminó hace seis años.(FIN/2006)
    QUE DICE ANTE TODO ESTO LA CVR:
    La Comisión de la Verdad y Reconciliación señaló que “La propuesta de los militares fue que fijaran su residencia en la parte baja, ofreciéndoles de esta manera una mejor protección contra la subversión, aunque en realidad para los militares, muchos de ellos también eran sospechosos de cooperar con la subversión”, señala informe de la CVR..
    En 2003, la CVR pidió al Ministerio de Defensa y al ejército la lista de los oficiales que prestaron servicios en la zona en 1984. La respuesta fue que no existía información. “Se sabe por los testigos que fueron efectivos del ejército de una base contrasubversiva que se instaló por un período de dos a tres años en Putis y que dependía de los cuarteles de San José de Secce, en Santillana, y del cuartel de Castropampa, en Huanta, que a su vez dependían de la sede del Comando Político Militar de Huamanga, Ayacucho”, dijo Lamilla encargado de Paz y Eperanza en ayacucho. Mori Orzo asumió la jefatura de ese Comando en agosto de 1984. “Estamos en proceso de reconstruir primero la cadena de mando y luego la responsabilidad de los oficiales”.
    ¿AS ALLÁ DE TODO…LA DISCRIMINACIÓN RACIAL?
    Lo que sucedió en Putis y en otras zonas de Ayacucho- Sierra del Perú- en los años de Violencia es claramente un acto de exterminio, con Fuertes Rasgos Racistas e indudable carácter de crimen de lesa humanidad. El silencio de quienes callan y desinforman, expresa la complicidad y reafirma que el Perú sigue esperando un cambio de rumbo, no sólo en el manejo económico, sino en el afán de lograr Verdad, Justicia y Paz. Vemos que los restos encontrados en Putis muestran huellas de torturas atroces y estos campesinos tienen los cráneos perforados, lo que confirman que fueron asesinadas a sangre fría, o están despedazados, lo que indica la posibilidad de que algunas hayan sido víctimas de explosiones.
    Es necesario señalar lo que decía el ex parlamentario Javier Diez Canseco: el caso Putis confirma que hubo “una política genocida dirigida a eliminar colectivos humanos en razón a la raza, creencias y ubicación geográfica”, como parte de la guerra contrainsurgente.

  3. liliana soto on

    Los felicito por realizar este trabajo de informaciòn.

    Tengo 2 inquietudes
    1. es un joven que hace 4 años sufrio una emboscada por grupos al margen de la Ley el en ese entonces se graduo como Teniente de Corbeta IM
    en Cartagena y 6 meses despues lo mandaron a los mosted maria a prestar guardìa y en ese sitio sufrio la emboscada, en la cual perdio la pierna dderecha, postriormente lo indeminzaron y fue pensinado ¿ de acuerdo al Decreto 1290 de Abril 2008 el debe reclamar por reparaciòn administrativa?
    2.- Un Señor fue pensionado por la Policia y hace dos años lo mataron? serà que tendra derecho a la reclamaciòn por Via Admisntrativa ya es civil
    agradezco sus respuestas

  4. Javier on

    Felicitaciones buen blog, Saludos

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  5. Preadstrots on

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  8. alberto dujovne trosman on

    recurro a V./ prestigio acerca de las graves cincunstancias y hechos que están ocurriendo en el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, Argentina, requiriendo su opinión o criterio con referencia a cuales serían las vías caminos recursivos para lograr con la Ley , Doctrina y Jurisprudencia, revertir esta situación sumamente acuciante, con mayor razón tratándose del fuero laboral :
    En lo relacionado con las demandas en que el Actor funda la acción en las normas del Código Civil ( arts. 1113, 1109, 1072 y concordantes) el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y en los Vocales de la Cámara del Trabajo de Córdoba, ( salvo alguna honrosa excepción) vienen realizando indiscriminadamente los rechazos, aún en casos de accidentes de trabajo típicos con el argumento que “no se ha acreditado el dolo o culpa de la Empresa o el riesgo o vicio de la cosa” en sentido restrictivo, haciendo caso omiso de la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sentido absolutamente contrario.
    No solo repugna a amparistas del Derecho del Trabajo la conducta adoptada, sino que hay mas aún, a saber:
    a): después de 4, 5 o 6 años de espera en el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, en este ámbito se resuelve desfavorablemente hacia el trabajador tanto el reclamo de fondo como los diversos recursos ( casación, directo y extraordinario) SIEMPRE con costas al Actor.
    b): en los poquísimos casos en que la Corte ha abierto el recurso extraordinario o de hecho, anulando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y ordenán dole que dicte una nueva sentencia, con arreglos del criterio de la Corte, luego de mas de dos años dictó nueva , volviendo a rechazar la demanda, pero ya por apreciación de la prueba, en forma absolutamente arbitraria ( ver autos López c/ Cliba).
    En consecuencia, frente a una Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, absolutamente pacífica y coherente con el mas amplio sentido protectivo de nuestro régimen laboral de la Justicia de Córdoba, en una actitud claramente recalcitrante y regresiva, desnaturalizando en los hechos, los actuales criterios de la Corte, castigando, además los Actores, con las costas del juicio, para amedrentar a los mismos, en flagrante VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS y SEGURIDAD JURÍDICA.

    Gracias por su tiempo
    Saludos cordiales

    Dr Alberto Adolfo Dujovne Trosman
    Obispo Moscoso y Peralta 2956
    Barrio Cerro de las Rosas
    Cordoba
    Argentina
    CP 5009
    Telefonos:
    +5403514812928
    +0351155100785

  9. sandra sanchez on

    Buenos días

    Tengo un sobrino de 21 años, que padeció un accidente de transito el 27/02/11 en la ciudad de Neiva

    Cuando ingreso al hospital general HERNANDO MONCALEANO, le dieron un diagnostico muy critico
    Y lo pasaron a UCI, sin hacer ningún tipo de procedimiento medico; el dia 29/02/11 debido a tanta insistencia de
    Nosotros como familia llamaron al neurocirujano como a las 8:00pm el cual decidió proceder de inmediato, y pasarlo a
    Salas de cirugía para realizar una craneotomía…..despues de esta estuvo 20 dias mas en UCI, y luego fue pasado a piso
    Supuestamente para que le siguieran simplemente con terapias.

    Al tercer dia de estar en piso presento una excelente reacción, levantandoce de la cama, intentando hablar, y muchos mas movimientos. Siendo estos por 3 dias mas y luego los médicos decidieron pasarlo nuevamente a CX para colocarle la bobeda craneal, después de esto quedo totalmente inmóvil, y casi sin conciencia……….despues de esta cx le han practica 5 mas con la idea de colocar y quitar válvulas internas y externas, cituacion que lo ha llevado a la vegetalidad…..nunca mas volvimos a ver alguna reacción por su parte y menos estado de salud positivo, por lo contrario siempre a sido todo muy desfavorable…ya que solo se la pasan experimentando con el y todo el tiempo esta con fiebres superiores a 40º,

    Es una cituacion muy angustiosa, y terrible para la familia ya que sus padres que son los que están a su lado dia y noche, no paran de sufrir y menos pueden descanzar tranquilos con la sosobra de que en algún momento empeore…

    Por favor solicito a ustes su colaboración, ya que no sabemos a quien mas recurrir en ayuda para que le presten una buena atención, ya que en como es claro el seguro del vehiculo ya se lo consumio todo, y ahora se encuentra con la seguridad del sisben…que para todas estas instituciones y funcionarios es como estar de caridad.

    Por favor ayudenos………..la verdad no tenemos medios económicos para poder hacer algo de forma particular o gestionar algún procedimiento por nuestra cuenta……….por esta razón invocamos la ayuda de todas las personas que nos puedan colaborar y orientar.

    Dios los bendiga.


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