La Ordenanza Municipal Nº 018-2008-MPH/A y la presunta vulneración del derecho al trabajo

El 14 de mayo del 2008, la Municipalidad Provincial de Huamanga emitió la Ordenanza Municipal Nº 018-2008-MPH/A, mediante la cual se aprueba el régimen de gestión común entre los distritos de Jesús Nazareno, San Juan Bautista y el distrito de Ayacucho, en materia de transporte público especial de pasajeros en vehículos menores y de restricción del centro histórico. Al respecto, el Sr. Félix Murillo Gutiérrez, Presidente de la Federación de Mototaxistas de Ayacucho, alega que dicha ordenanza supone una vulneración del derecho al trabajo y al libre tránsito de las personas, pues delimita los jirones y avenidas por donde deberán circular las mototaxis y prohíbe el ingreso al centro histórico de la ciudad de Ayacucho. 

 

Pues bien, el artículo 195° numeral 5 de la Constitución Política del Perú establece que las municipalidades tienen competencia para organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales bajo su responsabilidad. Asimismo, la Ley Orgánica de Municipalidades contiene diversos artículos que desarrollan, en general, la competencia de las mismas en materia del servicio de transporte público. En tal sentido, el artículo 81°, numeral 1.6, señala que son funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales “normar, regular y controlar la circulación de vehículos menores motorizados”.

 

Respecto a la autonomía municipal, el Tribunal Constitucional peruano, en la sentencia recaída en el Exp. N.° 0007-2001-AA/TC, estableció que mediante ésta se garantiza a los gobiernos locales “desenvolverse con plena libertad en los aspectos administrativos, económicos y políticos (entre ellos, los legislativos)”. Es decir, se garantiza que los gobiernos locales, en los asuntos que constitucionalmente les atañen, puedan desarrollar las potestades necesarias para garantizar su autogobierno. Sin embargo, autonomía no debe confundirse con autarquía, pues desde el mismo momento en que aquélla le viene atribuida por el ordenamiento, su desarrollo debe realizarse con respeto a ese ordenamiento jurídico.

 

Así, debe quedar plenamente establecido que la libertad de tránsito protege el derecho a circular libremente en vehículos de transporte público o privado, por las rutas o zonas establecidas para tal efecto, pero que aquella libertad, por lo menos en lo que importa a los vehículos de transporte, se encuentra íntimamente ligada a las atribuciones que la Constitución establece a su favor y al ejercicio que de ellas hagan las municipalidades, en los términos que establece el artículo 195º de la Constitución. En este sentido, el Tribunal Constitucional peruano señaló que “(…) la libertad de tránsito no es un derecho absoluto ya que puede y debe ser limitado por diversas razones y el artículo Art. 195.8º de la Constitución establece como una de las atribuciones de las corporaciones municipales, la de desarrollar y regular actividades y/o servicios como la circulación y tránsito, ello no necesariamente conlleva a que aquella pueda afectar o regular el ejercicio o limitaciones a los derechos fundamentales en general, y al derecho a la libertad individual en particular, especialmente en lo que importa al ejercicio del derecho al libre tránsito en vehículos automotores.”

 

De igual modo, el derecho de trabajar libremente se ejerce con sujeción a la ley, conforme lo establece el artículo 2°, inciso 15, de la Constitución Política del Perú. De ello se deduce que no es un derecho absoluto, sino que tiene excepciones y límites fijados por la ley. El Tribunal Constitucional peruano, a través de la STC N.º 1124-2001-AA/TC, señaló que el contenido esencial del derecho al trabajo está referido a dos aspectos. Por un lado, el de acceder a un puesto de trabajo; y, por otro, el derecho a no ser despedido sino por causa justa, la mima que no es aplicable al caso, por cuanto no existe un vínculo laboral entre los mototaxistas y la Municipalidad Provincial de Huamanga. Respecto a la libertad de trabajo, ha precisado, en la STC N.º 3330-2004-AA/TC, que es una manifestación del derecho al trabajo, y que se define como el derecho a elegir libremente una profesión u oficio. Por ello, el Estado no sólo debe garantizar el derecho de las personas a acceder a un puesto de trabajo o proteger al trabajador frente al despido arbitrario (artículo 27.º de la Constitución), sino que, además, debe garantizar la libertad de elegir la actividad mediante la cual se procuran los medios necesarios para la subsistencia; es decir, debe proteger tanto al trabajador dependiente como a la persona que realiza actividades económicas por cuenta propia, ejerciendo la libertad de empresa que la Constitución reconoce.

 

Por todo ello, es de señalar que los miembros de la Federación de Mototaxistas de Ayacucho gozan de plena libertad para elegir la actividad para su subsistencia, por lo que no existe una vulneración de su derecho al trabajo (libertad de trabajo). Asimismo, la Municipalidad Provincial de Huamanga, al emitir la Ordenanza Municipal 018-2008-MPH/A, ejerce la potestad legislativa que le es reconocida por nuestra Constitución, la Ley Orgánica de Municipalidades  Nº 27972 y especialmente en observancia y cumplimiento del Decreto Supremo N.º 004-2000-MTC, que dispone que “La entidad competente para reglamentar el tránsito público especial de pasajeros en vehículos motorizados o no motorizados es la Municipalidad Distrital de la Jurisdicción donde se presta el servicio público, así como de aplicar las sanciones por infracciones que dicte en ejercicio de su función reguladora del servicio público especial.” Tanto más si se tiene en cuenta que el transporte público especial de pasajeros “(…) sólo podrá prestarse en las vías alimentadoras de rutas consideradas por la Municipalidad Provincial y Distrital competente donde no exista o sea deficiente el servicio público de transporte urbano masivo.” Y en la misma línea de competencia se halla establecido que “En caso de servicios de transporte comunes entre dos distritos contiguos, las Municipalidades correspondientes deben establecer un régimen de gestión común. En caso de no establecerse dicho régimen corresponde a la Municipalidad Provincial fijar los términos de gestión común.” En ese sentido, entendemos que a través de dicha ordenanza, se pretende promover el respeto de los derechos de los residentes de la provincia de Huamanga a la paz y la tranquilidad, a fin de poner término al caos y al desorden vehicular que impera actualmente en nuestra provincia.

Por R. Pavel Flores Buendía

Miembro de la Clínica Jurídica de interés público de la UNSCH

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