MUERTE DE CAMPESINOS AYACUCHANOS NO QUEDA IMPUNE

La muerte de dos campesinos, no queda impune, ya que la Cuarta Fiscalía Penal de la provincia de Huamanga formalizó la denuncia contra el suboficial PNP Carlos Alberto Rodríguez Huamaní por el presunta comisión del delito de homicidio calificado de los campesinos Emiliano García Mendoza y Rubén Pariona Camposano, durante el último paro agrario desarrollado el 19 de febrero en Ayacucho.

 

Los Principales líderes políticos de la región, así como las principales autoridades respaldaron la decidida actuación del Fiscal Hugo Martínez Mamaní titular de la Cuarta Fiscalía Penal de la provincia de Huamanga, quien investiga y determinará la responsabilidad del efectivo policial en el asesinato de los campesinos provenientes del poblado de Suso y Quinua.

La Clínica Jurídica de Acciones de Interés Publico de la UNSCH esperamos que el Juez realice una apropiada calificación de los hechos investigados y que la apertura de instrucción sea con mandato de detención contra el investigado efectivo policial, lejos de toda injerencia política, de manera que la autonomía del Poder Judicial y el Ministerio Publico, este garantizada para así poder lograr justicia para los familiares de los  campesinos asesinados.

Por otra parte, lideres regionales viene vertiendo opinión respecto a este caso, es asi que tenemos la opinión del líder del Frente Regional de Ayacucho, Rigoberto García Ortega, quien también destacó esta valiente investigación y sostuvo que es necesario saber la verdad cuando autoridades del Gobierno Central, el Ministerio de Interior y otros interesados pretenden desvirtuar desde el primer momento la responsabilidad de la Policía Nacional, atribuyendo el hecho de muerte a supuestos infiltrados o culpar a los dirigentes del paro como presuntos autores.

Por otra parte, consideramos que la denuncia formalizada contra Teodoro Félix Quispe Mitacc, dirigente de la Junta Distrital de Regantes de Ayacucho, es injusta, ya que resulta inexplicable que un dirigente con pocos recurso económicos y que en representación de los cientos de regantes de la Región Ayacucho sea sancionado por exigir el respeto a sus derechos, cabe marcar que no estamos de acuerdo con la violencia acontecida el fatal 19 de febrero, ya que consideramos que existen medios por los cuales los agricultores pueden hacer llegar sus reclamos; pero es responsabilidad del estado, crear y canalizar los medios, para que la voz de los agricultores, que día a día harán la tierra y se sacrifican por salir adelante en los lugares mas alejados de nuestro país, puedan ser escuchadas y que en base a ellas puedan hacerse las reformas necesarias para el desarrollo y crecimiento de la agricultura y por ende el progreso de nuestro país.

El cambio esta en nosotros, no permitamos que la violencia vuelva a formar parte de nuestras vidas, es hora de ponerle un alto, y si esta ocurre como es el caso del asesinato de nuestros dos hermanos ayacuchanos, exijamos una exhaustiva investigación y que el culpable sea sancionado con todo el peso de la ley, sin injerencias de ningún tipo. Solo así nuestro Perú cambiará.

Por Rocío Alfaro Lareanco

Miembro de la Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público de la UNSCH.

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