PARA NO OLVIDAR: CASO PUTIS EN AYACUCHO

Por Cris Bautista, estudiante de Derecho y miembro de la Clínica Jurídica USNCH

El departamento de Ayacucho es uno de los tres lugares más pobres del país y el más afectado por la violencia política que padeció Perú en los años de 1980 a 2000.
A principios de los años 80, la acción subversiva recrudeció en las alturas del distrito de Santillana (Ayacucho-Huanta), con la activa presencia de senderistas en varias comunidades. Los campesinos eran acosados constantemente por el grupo armado, obligándolos a apoyar su lucha. En ese contexto, Sendero Luminoso obligó a los comuneros de la zona a abandonar sus viviendas y refugiarse en alturas para evitar el contacto con las fuerzas del orden. Al conocer la acción senderista, en noviembre de 1984 se instaló una base militar en Putis, con la finalidad de realizar operativos de ubicación y captura de los sediciosos. Como parte de su estrategia, los militares convocaron a la población, que se había replegado en las alturas, a regresar a Putis a cambio de protección y seguridad, y estarían al márgen del conflicto entre las tropas y el grupo armado Sendero Luminoso. No teniendo otra salida, los campesinos de las comunidades de Putis, Cayramayo, Rumichaca, Rodio, Pampahuasi, Vizcatán Pata, Sayhuallamniyocc y Sinhuamachayniyocc aceptaron la propuesta, sin saber lo que pasaría. Una vez en el campamento, los comuneros fueron reunidos por los militares y obligados a abrir un enorme hueco en el suelo con la finalidad de hacer una “piscigranja” que supuestamente serviría a la comunidad, pero en el fondo lo que hicieron fue cavar su propia fosa. Luego, sin más razones fueron asesinados por simples sospechas sobre la posibilidad de que fueran colaboradores de Sendereo Luminoso, siendo acribillados por los agentes del orden.
¿QUIÉNES FUERON LOS RESPONSABLES DIRECTOS?
De acuerdo con los relatos de sobrevivientes de la zona se sabe que los oficiales que dirigieron el operativo responden a los apelativos de “capitán Baretta”, “comandante “Óscar” y “teniente Lalo”. El jefe político-militar de la zona de Ayacucho era por entonces el general Wilfredo Mori Orzo.

¿Y QUIENES FUERON TODAS ESTAS PERSONAS?
Pues simplemente, Campesinos pertenecientes a las comunidades de Putis, Cayramayo, Rumichaca, Rodio, Pampahuasi, Vizcatán Pata, Sayhuallamniyocc y Sinhuamachayniyocc.
Esta fosa ubicada en la localidad de Putis tiene 11 metros de largo y cinco de ancho, en ella estarían enterrados un aproximado de 123 cadáveres tanto de mujeres, varones, adolescentes y niños.
A fin de poder determinar la identificación de los restos óseos de todos estos comuneros, el EPAF ha instalado un laboratorio muy rudimentario en la zona, ya que es necesario la devolución a sus familiares para la sepultura de todos estos campesinos. Los expertos estiman que las exhumaciones y el reconocimiento de los restos culminarían la primera semana de junio.
Sabiendo quién es el responsable de todo esto, nos ponemos a preguntar si el Estado apoyará en los gastos necesarios para el entierro de todas estos campesinos?
¿PERO POR QUÉ ESPERAR 24 AÑOS?
Putis es una zona muy pobre al igual que muchos lugares de la sierra del Perú, y como tal la intervención del Estado en el desarrollo y progreso es muy escaso, y más cuando se trata de asumir responsabilidades en temas de Derechos Humanos. Para poder conseguir justicia y reparación, los deudos al igual que en muchos casos, debían acreditar primero la muerte de sus seres queridos conforme a las normas dispuestas por el Gobierno. Y la demora no es porque se desconocían dónde se encontraban los cuerpos de todos estos comuneros.
Frente a este hecho, ¿Quien escuchaba los reclamos y pedidos de los pobladores quechuahablantes de la zona de Putis, y de otras zonas?. Pero también cabe preguntarnos ¿Por qué el Instituto de Medicina Legal de Ayacucho no inició “antes” estas exhumaciones? ¿Por qué todavía esperamos al Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) para que realicen estas excavaciones de las fosas, si ya se tenía conocimiento de ellas en la zona? ¿Acaso no importaba el recuerdo y el derecho que tenían los familiares de estos campesinos muertos, por parte de las autoridades Ayacuchanas?
¿CUÁNDO COMENZÓ LA EXHUMACIÓN?

Fosa gigantesca. La aparición de los restos confirmó la denuncia de que en Putis el Ejército cometió una matanza.

Labores. Durante la excavación se hallaron restos de adultos, jóvenes y niños.

El sábado 17 de mayo del 2008 se inició con la exhumación de la fosa común mas grande del Perú que se haya encontrado hasta el momento, realizado por peritos del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), encabezados por el fiscal de la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos de Ayacucho, Rubén López, y acompañados por representantes de la Asociación Paz y Esperanza. Los expertos hallaron restos óseos correspondientes a 25 personas, entre mujeres, varones, adolescentes y niños; así como el descubrimiento de 15 casquillos de bala que demostrarían que los comuneros fueron ejecutados como parte de la estrategia contrasubversiva aplicada por las Fuerzas Armadas en Ayacucho.
¿Y QUE DICE EL MINISTERIO DE DEFENSA Y EL GOBIERNO?
El director adjunto de Paz y Esperanza, Germán Vargas, denunció falta de ayuda oficial para aclarar el episodio. “La CVR solicitó en su momento información al Ministerio de Defensa. Sin embargo, no se proporcionó, con el argumento que siempre se usa en estos casos: que no hay información porque se trató de una base itinerante. Desde nuestro punto de vista hay intención de encubrir responsabilidades criminales que venían del ejército”, dijo Vargas.
¿Que dice el Ejército Peruano respecto a esta fosa en Putis? ¿Y Qué dirá respecto a las otras cinco fosas en la zona y un total de 14 en zonas aledañas?, acaso ha autocriticado esta situación, o simplemente está convencido de que simplemente hubo excesos por parte de los militares en dicha zona? ¿Están realmente dispuestos a brindar todas las facilidades para que se pueda aclarar esta matanza comunal, como señaló el general del Ejército Peruano- Edwin Donaire?
¿QUE CULPA TIENE LOS NIÑOS QUE HAN SIDO BALEADOS DURANTE LA GUERRA EN EL PERÚ?
Se tiene conocimiento por los antropólogos forenses que están trabajando caso Putis, que en estas fosas hay una gran cantidad de menores de edad que fueron asesinados con armas de fuego, en esta matanza colectiva, el 13 de diciembre de 1984.
Así tenemos la versión, conforme a un medio de comunicación escrita de Marina Quispe quien sí recuerda que los militares “nos buscaban y por eso nos escapábamos al monte en las noches”. “Mi hija Rita vino a Putis y la mataron. Era mi única hija. Luego se llevaron los animales y nos quedamos sin casa, sin nada. Mi esposo fue muerto después por la guerrilla. De mi casa lo sacaron los subversivos a las cinco de la tarde y lo mataron en el campo”.
Actualmente se trabajan en un pueblo fantasma, pues en Putis ya no vive nadie. Hay una iglesia derruida, casas inhabitables -una de ellas habilitada para el trabajo de los forenses- pero la gente ya se marchó de ahí.
Me parece muy interesante este artículo que a continuación señalo, ya que demuestra la situación de muchas zonas que han sufrido la violencia política que vivió el Perú:
PERÚ: Guerra borró hasta el nombre de los muertos
Por Ángel Páez, enviado especial

SAN JOSÉ DE SECCE, Perú, nov (IPS) – La identidad de las personas también fue blanco de la lucha armada peruana. En el lugar donde estalló el conflicto hoy quedan recuerdos, fosas con huesos desconocidos o alguna fotografía de muertos y desaparecidos por los maoístas, el ejército o los paramilitares entre 1980 y 2000.
Esos rastros no alcanzan para acreditar el nacimiento de alguien o para probar su muerte violenta y el derecho de sus familiares a la reparación prevista por la ley. Es como si las víctimas nunca hubieran existido.
El gobierno de Alan García instaló en octubre el Consejo de Reparaciones encargado de construir la lista de víctimas y sobrevivientes del conflicto con derecho a recibir indemnizaciones, una medida recomendada por el informe de 2003 de la independiente Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que estudió las causas y consecuencias de dos décadas de violencia política.
La guerra acabó oficialmente seis años atrás. Pero en el distrito de Santillana, parte de la provincia de Huanta en la sureña región de Ayacucho, donde el maoísta Sendero Luminoso inició su insurrección, la gente todavía vive en estado de angustia.
Santillana estuvo a punto de desaparecer del mapa por los ataques de la guerrilla y la represión del ejército y las paramilitares autodefensas. Los que sobrevivieron temen que el Estado los margine del Plan Integral de Reparaciones, un programa de retribución e indemnización para quienes sufren las consecuencias del conflicto.
Las comunidades andinas de Santillana tampoco han mejorado sus condiciones de vida. Siguen tan pobres y excluidas como en 1980, cuando Sendero comenzó la guerra.
La CVR calculó que los actores armados asesinaron y desaparecieron a 10.661 personas en Ayacucho, 47 por ciento de todas las víctimas civiles de un conflicto en el que murieron 69.280 personas si se consideran también las bajas de guerrilleros, militares y autodefensas, según las cuentas de la comisión.
De las más de 10.000 víctimas civiles de Ayacucho, una mayoría de 22 por ciento vivían en Huanta de la que es parte Santillana, un archipiélago de comunidades indígenas situadas entre los 3.000 y los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Sólo en este distrito la CVR estimó que los actores armados mataron a más de 1.000 pobladores.
A cualquiera que se pregunte en San José de Secce, capital de Santillana, tiene un familiar muerto en el conflicto. Pero el registrador civil local, César Méndez, uno de los pocos funcionarios estatales en este lugar, explica que en sus archivos sólo están consignados dos certificados de defunción durante la guerra interna.
La guerrilla no sólo tenía como blanco a las autoridades locales sino cualquier vestigio de la presencia del Estado: la municipalidad, la prefectura y el registro civil.
Los registradores eran asesinados o se fugaban de sus aldeas, y centenares de libros de actas de nacimientos y defunciones fueron quemados por los senderistas.
“Por miedo, por falta de recursos o por desconocimiento los pobladores no registraron la muerte de sus familiares”, explicó Méndez. “Si no se ha registrado el fallecimiento de esas personas, es como si nunca hubieran existido. Es como no tener partida de nacimiento: no hay registro de haber venido al mundo”.
Para evitar que los libros acabaran en las llamas, el registrador de Santillana los escondió por años bajo tierra. Terminado el conflicto, buena parte de ellos habían sido devorados por la humedad.
“Hemos comenzado a reconstruir los libros, pero es un trabajo de muy largo aliento”, explica Méndez. “Hay mucha gente que no tiene partida de nacimiento y tampoco certificado de defunción. Sus familiares vienen con sus fotografías, pero eso no es suficiente para acreditar que una persona existió. Eso es lo que dice la ley”.
Obtener esos documentos implica un trámite arduo aquí.
La población campesina, que sólo habla quechua y tiene poca o ninguna instrucción escolar, es obligada a realizar trámites en español. Los pobladores del medio centenar de aisladas comunidades de Santillana, como Putis o Marcaraccay, deben viajar hasta la capital del distrito para solicitar los documentos, y no pueden costear el viaje y la estadía.
“El registrador de Aranhuay, una comunidad en la que Sendero y el ejército cometieron atrocidades contra la población, sólo hace trabajo voluntario. No tiene sueldo. Además, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil lo capacitó en español cuando él es quechuahablante, como la mayoría”, explica a IPS Raquel Reynoso, de la no gubernamental Asociación SER.
La Asociación coordinó en Santillana un programa de reconstrucción de registros civiles afectados por la guerra con financiación de la organización internacional Oxfam.
De los 193 libros de registros que existían en Ayacucho durante el periodo de violencia, la mitad ha resultado total o completamente dañado, dice Reynoso. En San José de Secce y Aranhuay, donde ella trabajó en la recuperación de documentos, encontró 867 partidas de nacimiento parcial o totalmente destruidas.
“Hemos proyectado el número de pobladores afectados por la destrucción de los registros civiles en Ayacucho y la cifra alcanza a 45.000, lo que implica un desafío para el proceso de reparación de las víctimas”, afirma.
Por eso la angustia de la guerra se prolonga en tiempos de aparente paz.
Gerardo Fernández, vecino de la comunidad de Putis, casi barrida por insurgentes y militares, ha comenzado a registrar por su cuenta en unos cuadernos los nombres de las víctimas. Su lista llega hasta ahora a 380 personas, entre muertos y desaparecidos. “Todavía me falta recoger muchos más casos. ¿Cómo se les va a reparar a esa gente si en ninguna parte están registradas sus muertes?”, se pregunta este hombre enjuto y cetrino. “Los senderistas mataban a las autoridades y después a los que según ellos colaboraban con los militares y las autodefensas. Y si no encontraban a los que tenían en su lista, en venganza mataban a sus familiares, niños o adultos”, relata Fernández. “Después venían los del ejército con una lista negra y mataban a los que supuestamente eran senderistas o colaboraban con ellos”.
Fernández mismo es un sobreviviente. El ejército secuestró a su madre, Catalina Mendoza Quispe, de 42 años, y a su hijo, Raúl Fernández Ccente, de sólo tres años. Nunca aparecieron.
“Fue el 19 de abril de 1985. Los responsables son el capitán ‘Bareta’ y el teniente ‘Lalo’”, afirma. El ejército se niega a informar qué oficiales se ocultaban bajo esos alias.
En 2001, Fernández informó a los gobernantes de Ayacucho del hallazgo de tres fosas comunes con restos de pobladores asesinados por los militares. Pero nada ocurrió. En octubre encontró dos fosas más en Putis, pero las autoridades le han dicho que no cuentan con recursos para hacer la exhumación. “No entendemos cómo se pretende reparar o indemnizar si ni siquiera se han investigado las tumbas clandestinas. Nos piden certificado de defunción, pero allí están los huesos para que verifiquen”, dice con honda tristeza.
Los restos corresponden a 117 pobladores de nueve comunidades que en diciembre de 1984 escapaban del acoso de los senderistas y fueron conducidos por el ejército hasta Putis. Allí los militares les hicieron excavar zanjas para construir viviendas. Pero lo que cavaron eran tumbas: los campesinos fueron fusilados bajo cargo de pertenecer a Sendero.
“Nadie ha sacado partidas de defunción. En Putis mataron a familias completas: a los Condona Quispe, a los Centeno Chávez, a los Gamboa Ccente, a los Madueño Curoi, a los Condoray Huallasco. ¿Quién va a reclamar por ellos si todos están muertos?”, se pregunta Fernández.
La socióloga Sofía Macher, ex integrante de la CVR y presidenta del flamante Consejo de Reparaciones, reconoce a IPS que la falta de certificados de defunción hará difícil la tarea de retribuir a las víctimas. Pero se excusa de dar mayor información porque el organismo se encuentra evaluando qué hacer al respecto.
Fernández sigue viajando como una sombra, con gruesos libros bajo el brazo, por las comunidades de Putis, en busca de más nombres de víctimas.
Y quizás encuentre otra fosa clandestina con muertos de una guerra que oficialmente terminó hace seis años.(FIN/2006)
QUE DICE ANTE TODO ESTO LA CVR:
La Comisión de la Verdad y Reconciliación señaló que “La propuesta de los militares fue que fijaran su residencia en la parte baja, ofreciéndoles de esta manera una mejor protección contra la subversión, aunque en realidad para los militares, muchos de ellos también eran sospechosos de cooperar con la subversión”, señala informe de la CVR..
En 2003, la CVR pidió al Ministerio de Defensa y al ejército la lista de los oficiales que prestaron servicios en la zona en 1984. La respuesta fue que no existía información. “Se sabe por los testigos que fueron efectivos del ejército de una base contrasubversiva que se instaló por un período de dos a tres años en Putis y que dependía de los cuarteles de San José de Secce, en Santillana, y del cuartel de Castropampa, en Huanta, que a su vez dependían de la sede del Comando Político Militar de Huamanga, Ayacucho”, dijo Lamilla encargado de Paz y Eperanza en ayacucho. Mori Orzo asumió la jefatura de ese Comando en agosto de 1984. “Estamos en proceso de reconstruir primero la cadena de mando y luego la responsabilidad de los oficiales”.
¿AS ALLÁ DE TODO…LA DISCRIMINACIÓN RACIAL?
Lo que sucedió en Putis y en otras zonas de Ayacucho- Sierra del Perú- en los años de Violencia es claramente un acto de exterminio, con Fuertes Rasgos Racistas e indudable carácter de crimen de lesa humanidad. El silencio de quienes callan y desinforman, expresa la complicidad y reafirma que el Perú sigue esperando un cambio de rumbo, no sólo en el manejo económico, sino en el afán de lograr Verdad, Justicia y Paz. Vemos que los restos encontrados en Putis muestran huellas de torturas atroces y estos campesinos tienen los cráneos perforados, lo que confirman que fueron asesinadas a sangre fría, o están despedazados, lo que indica la posibilidad de que algunas hayan sido víctimas de explosiones.
Es necesario señalar lo que decía el ex parlamentario Javier Diez Canseco: el caso Putis confirma que hubo “una política genocida dirigida a eliminar colectivos humanos en razón a la raza, creencias y ubicación geográfica”, como parte de la guerra contrainsurgente.

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4 comments so far

  1. martin on

    es un buen texto, te felicito!

  2. pauli on

    soy estudiante de derecho y estaba haciendo unas investigaciones me parece muy buen documental!

  3. fidencio on

    me parece muy enteresante el documento, seria bueno tambien incorpurar los otros casos de otros lugares como el de cayara lucanamarca, que tambien la region de huancavelica

  4. beto on

    Es un buen documento que denuncia las implicancias genocidas de los militares en la lucha antisubversiva, asesinando a victimas inocentes. El caso tiene caracter genocida y merece seguir siendo investigada y responsabilizar a quienes son culpables.


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