EL PARO AGRARIO EN AYACUCHO

La muerte de los dos campesinos de la comunidad de Suso (distrito de Quinua), bases de la Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Ayacucho (JUDRA), en un confuso incidente con la policía cuando cumplían el segundo día del Paro Agrario que fue convocado por la junta nacional de regantes, acabó por configurar un escenario de conflicto en nuestra ciudad. Este hecho evidenciaría la actuación desproporcional de la policía, al  o tener la suficiente capacidad de manejar situaciones como el paro agrario en Ayacucho.

 

La noticia de la muerte de los campesinos por impactos de bala, despertó la indignación de muchos sectores sociales de la región, quienes se volcaron a las calles para pedir justicia y el FDPA declaro duelo regional convocando a un paro de 48 horas que culmino con un cruento enfrentamiento entre los manifestantes y la policía, los saldos son harto conocidos: más de 200 detenidos y dos persona gravemente heridas.

 

Actualmente los ánimos de las bases de la JUDRA aun se mantienen tensos, pese a que los regantes –desde la dirigencia nacional- indican que ya se concretaron más del 50% de su pliego.

 

A estas alturas de los acontecimientos, seguramente existen muchos espacios para el análisis, pero que deberán pasar primero por hallar a los verdaderos responsables de la muerte de los campesinos en una investigación exhaustiva e imparcial. Esta demanda también es compartida por el Presidente Regional de Ayacucho, el Alcalde de la Municipalidad de Huamanga y el FDPA.

 

Los hechos demuestran que Ayacucho ha vuelto a ser noticia en el escenario nacional y también objeto de opiniones desde el Ejecutivo, en especial del Ministro Alva Castro y el Presidente Alan García, quienes en su afán de buscar culpables de los hechos violentos y de la muerte de los campesinos, han utilizado términos, a la que la Congresista Juana Huancahuari, ha calificado de “difamantes”. Ahora la región demanda un desagravio, porque con frases que califican de violentistas a la población de nuestra región y de la existencia de infiltrados senderistas se ha mellado la imagen de la región que está a pocos días de celebrar la Semana Santa, pico turístico importante en la región.

 

La presencia del Ministro del Interior, Luis Alva Castro en la Comisión Permanente del Congreso, el pasado 27 de febrero no ayuda a esclarecer las circunstancias reales en las que murieron los campesinos en el Grifo de Ayacucho, sino todo lo contrario, porque se ha precisado que este paro agrario tenía motivaciones políticas que buscaban mellar la imagen del país ante la realización de las Cumbres de UE-ALC y APEC. Asimismo la congresista Mercedes Cabanillas mencionó que Ayacucho también  estaría preparando la II Marcha de los Wari para el mes de mayo, intentado desacreditar las palabras de la congresista Elizabeth León quien pidió no calificar de violentitas a nuestra región.

 

Además con la versión (con pruebas incluidas) de la policía, que precisa que fueron balas de plomo de armas hechizas, que los mismos manifestantes portaban, las que impactaron en los campesinos muertos, se estaría buscando la  impunidad en este caso. Al respecto, diversos gremios entre ellos, el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, a través de su asesor legal Gualberto Huillcahuari, informó de que están evaluando la posibilidad de elevar el caso a la Corte Interamericana de Derecho Humanos.

 

Alva Castro ha resaltado que los efectivos policiales realizaron su trabajo con el respeto irrestricto a los derechos humanos, por no decir que “actuaron con profesionalismo” como lo ha sostenido, en los medios de la región, el Comisionado Adjunto por la Paz y el Desarrollo de Ayacucho, Carlos Condori Castillo, pese a que las evidencias indican que los disparos fueron realizados desde un arma de fuego.

 

Lo que se evidencia hasta el momento es que el gobierno no se está trabajando con sinceridad y a conciencia en el acercamiento con otros sectores para lograr armonía en el país. Debe existir un espacio para el debate y la reflexión sobre el origen de la protesta, sobre todo en un país cuya economía crece a un ritmo histórico del 8% o 9% anual, pero donde aún queda mucho por hacer para acelerar la redistribución y la inclusión social, puntos que son parte de la agenda de Ayacucho que actualmente son tratados en la mesa de Diálogo a la que el Ejecutivo ha mostrado poca voluntad política.

Lisbeth Torres Calle

Mienbro de la clínica Jurídica UNSCH