MUERTE DE CAMPESINOS AYACUCHANOS NO QUEDA IMPUNE

La muerte de dos campesinos, no queda impune, ya que la Cuarta Fiscalía Penal de la provincia de Huamanga formalizó la denuncia contra el suboficial PNP Carlos Alberto Rodríguez Huamaní por el presunta comisión del delito de homicidio calificado de los campesinos Emiliano García Mendoza y Rubén Pariona Camposano, durante el último paro agrario desarrollado el 19 de febrero en Ayacucho.

 

Los Principales líderes políticos de la región, así como las principales autoridades respaldaron la decidida actuación del Fiscal Hugo Martínez Mamaní titular de la Cuarta Fiscalía Penal de la provincia de Huamanga, quien investiga y determinará la responsabilidad del efectivo policial en el asesinato de los campesinos provenientes del poblado de Suso y Quinua.

La Clínica Jurídica de Acciones de Interés Publico de la UNSCH esperamos que el Juez realice una apropiada calificación de los hechos investigados y que la apertura de instrucción sea con mandato de detención contra el investigado efectivo policial, lejos de toda injerencia política, de manera que la autonomía del Poder Judicial y el Ministerio Publico, este garantizada para así poder lograr justicia para los familiares de los  campesinos asesinados.

Por otra parte, lideres regionales viene vertiendo opinión respecto a este caso, es asi que tenemos la opinión del líder del Frente Regional de Ayacucho, Rigoberto García Ortega, quien también destacó esta valiente investigación y sostuvo que es necesario saber la verdad cuando autoridades del Gobierno Central, el Ministerio de Interior y otros interesados pretenden desvirtuar desde el primer momento la responsabilidad de la Policía Nacional, atribuyendo el hecho de muerte a supuestos infiltrados o culpar a los dirigentes del paro como presuntos autores.

Por otra parte, consideramos que la denuncia formalizada contra Teodoro Félix Quispe Mitacc, dirigente de la Junta Distrital de Regantes de Ayacucho, es injusta, ya que resulta inexplicable que un dirigente con pocos recurso económicos y que en representación de los cientos de regantes de la Región Ayacucho sea sancionado por exigir el respeto a sus derechos, cabe marcar que no estamos de acuerdo con la violencia acontecida el fatal 19 de febrero, ya que consideramos que existen medios por los cuales los agricultores pueden hacer llegar sus reclamos; pero es responsabilidad del estado, crear y canalizar los medios, para que la voz de los agricultores, que día a día harán la tierra y se sacrifican por salir adelante en los lugares mas alejados de nuestro país, puedan ser escuchadas y que en base a ellas puedan hacerse las reformas necesarias para el desarrollo y crecimiento de la agricultura y por ende el progreso de nuestro país.

El cambio esta en nosotros, no permitamos que la violencia vuelva a formar parte de nuestras vidas, es hora de ponerle un alto, y si esta ocurre como es el caso del asesinato de nuestros dos hermanos ayacuchanos, exijamos una exhaustiva investigación y que el culpable sea sancionado con todo el peso de la ley, sin injerencias de ningún tipo. Solo así nuestro Perú cambiará.

Por Rocío Alfaro Lareanco

Miembro de la Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público de la UNSCH.

EL PARO AGRARIO EN AYACUCHO

La muerte de los dos campesinos de la comunidad de Suso (distrito de Quinua), bases de la Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Ayacucho (JUDRA), en un confuso incidente con la policía cuando cumplían el segundo día del Paro Agrario que fue convocado por la junta nacional de regantes, acabó por configurar un escenario de conflicto en nuestra ciudad. Este hecho evidenciaría la actuación desproporcional de la policía, al  o tener la suficiente capacidad de manejar situaciones como el paro agrario en Ayacucho.

 

La noticia de la muerte de los campesinos por impactos de bala, despertó la indignación de muchos sectores sociales de la región, quienes se volcaron a las calles para pedir justicia y el FDPA declaro duelo regional convocando a un paro de 48 horas que culmino con un cruento enfrentamiento entre los manifestantes y la policía, los saldos son harto conocidos: más de 200 detenidos y dos persona gravemente heridas.

 

Actualmente los ánimos de las bases de la JUDRA aun se mantienen tensos, pese a que los regantes –desde la dirigencia nacional- indican que ya se concretaron más del 50% de su pliego.

 

A estas alturas de los acontecimientos, seguramente existen muchos espacios para el análisis, pero que deberán pasar primero por hallar a los verdaderos responsables de la muerte de los campesinos en una investigación exhaustiva e imparcial. Esta demanda también es compartida por el Presidente Regional de Ayacucho, el Alcalde de la Municipalidad de Huamanga y el FDPA.

 

Los hechos demuestran que Ayacucho ha vuelto a ser noticia en el escenario nacional y también objeto de opiniones desde el Ejecutivo, en especial del Ministro Alva Castro y el Presidente Alan García, quienes en su afán de buscar culpables de los hechos violentos y de la muerte de los campesinos, han utilizado términos, a la que la Congresista Juana Huancahuari, ha calificado de “difamantes”. Ahora la región demanda un desagravio, porque con frases que califican de violentistas a la población de nuestra región y de la existencia de infiltrados senderistas se ha mellado la imagen de la región que está a pocos días de celebrar la Semana Santa, pico turístico importante en la región.

 

La presencia del Ministro del Interior, Luis Alva Castro en la Comisión Permanente del Congreso, el pasado 27 de febrero no ayuda a esclarecer las circunstancias reales en las que murieron los campesinos en el Grifo de Ayacucho, sino todo lo contrario, porque se ha precisado que este paro agrario tenía motivaciones políticas que buscaban mellar la imagen del país ante la realización de las Cumbres de UE-ALC y APEC. Asimismo la congresista Mercedes Cabanillas mencionó que Ayacucho también  estaría preparando la II Marcha de los Wari para el mes de mayo, intentado desacreditar las palabras de la congresista Elizabeth León quien pidió no calificar de violentitas a nuestra región.

 

Además con la versión (con pruebas incluidas) de la policía, que precisa que fueron balas de plomo de armas hechizas, que los mismos manifestantes portaban, las que impactaron en los campesinos muertos, se estaría buscando la  impunidad en este caso. Al respecto, diversos gremios entre ellos, el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, a través de su asesor legal Gualberto Huillcahuari, informó de que están evaluando la posibilidad de elevar el caso a la Corte Interamericana de Derecho Humanos.

 

Alva Castro ha resaltado que los efectivos policiales realizaron su trabajo con el respeto irrestricto a los derechos humanos, por no decir que “actuaron con profesionalismo” como lo ha sostenido, en los medios de la región, el Comisionado Adjunto por la Paz y el Desarrollo de Ayacucho, Carlos Condori Castillo, pese a que las evidencias indican que los disparos fueron realizados desde un arma de fuego.

 

Lo que se evidencia hasta el momento es que el gobierno no se está trabajando con sinceridad y a conciencia en el acercamiento con otros sectores para lograr armonía en el país. Debe existir un espacio para el debate y la reflexión sobre el origen de la protesta, sobre todo en un país cuya economía crece a un ritmo histórico del 8% o 9% anual, pero donde aún queda mucho por hacer para acelerar la redistribución y la inclusión social, puntos que son parte de la agenda de Ayacucho que actualmente son tratados en la mesa de Diálogo a la que el Ejecutivo ha mostrado poca voluntad política.

Lisbeth Torres Calle

Mienbro de la clínica Jurídica UNSCH

La elevación del expediente administrativo en EPSASA

Como miembro de la Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público de la UNSCH, pongo en conocimiento de la colectividad ayacuchana, así como del público en general, que la Empresa Prestadora de Servicio de Saneamiento Ayacucho S.A. (EPSASA) viene incumpliendo de modo reiterado el procedimiento regular de reclamos establecida en la Resolución de Consejo Directivo 005-2003-SUNASS y sus modificatorias, concordante con la Ley Nº 2744, Ley del Procedimiento Administrativo General, respecto del cumpliento del plazo para elevar el expediente administrativo a la SUNASS (Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento).

Dicha resolución expresamente señala que luego de presentada la apelación, la EPS (Empresa Prestadora de Servicios) tiene un plazo de 5 días para elevar el expediente a la SUNASS, y será este último el que resolverá conforme a derecho. Por otro lado, establece que la EPS podrá llegar a un acuerdo de partes con el usuario reclamante, antes de dictar la resolución en primera instancia,  en la etapa de negociación.

Sin embargo, se ha podido apreciar que es una práctica constante de la empresa EPSASA realizar actas de conciliación, luego que se expida la resolución en primera instancia que declara infundada el reclamo, cuando el recurrente impugna dicha resolución mediante recurso de apelación, situación que no está contemplada en la Resolución antes mencionada, y que contraviene al principio de legalidad que orienta al Derecho Administrativo. Es preciso señalar que la Empresa alega que el acuerdo de partes puede llevarse a cabo en cualquier momento del procedimiento de reclamo.

Una cuestión, a este respecto, que resulta de lo más interesante, es que el costo del procedimiento de apelación a la SUNASS, le resulta siendo más honerosa a la Empresa EPSASA que dar la razón al usuario respecto de su reclamo, y es por esta razón que hacen todo lo posible por evitar que siga el procedimiento, tratando de realizar un acta de conciliación, que ponga fin al reclamo. Pero el hecho es que ésto se realiza incluso fuera del plazo de cinco días luego de presentada la apelación.

Concluyo señalando que, siempre y cuando dicha acta de conciliación beneficie al usuario reclamante, no habría mayor discución, pues se estaría cumpliendo con el principio de informalismo, eficacia y celeridad del Derecho Administrativo, sin embargo en cumplimiento de principio de Legalidad, este acuerdo de partes debe realizarse antes de cumplirse el plazo de cinco días que tiene la Empresa EPSASA para elevar el expediente administrativo.

Renán Pavel Flores Buendía

Miembro de la Clínica Jurídica UNSCH